LA GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN MÉXICO
Luis Domínguez Bareño (UABCS)
INTRODUCCIÓN
En el texto de “Los saldos del Narco: el
fracaso de una guerra”, los autores Rubén Aguilar y Jorge Castañeda ponen en
entredicho la guerra emprendida por el entonces presidente de México, Felipe
Calderón Hinojosa, contra los narcotraficantes en el país. En el título se encuentra la cuestión de
fondo “El fracaso de la guerra” pues los autores señalan que fue una guerra
perdida pero, sobre todo, innecesaria. Como vemos, no sólo se hace hincapié en
los resultados negativos de dicha guerra, sino que se esgrime que el fundamento
para llevarla a cabo fue político y no de seguridad nacional, como el propio
Felipe Calderón se justificaba.
Desde un punto de vista histórico es
interesante observar las razones que justifican las políticas de Estado de los
gobiernos mexicanos con respecto a la seguridad nacional. Si bien la seguridad interior siempre ha sido
un problema toral de la nación mexicana, es importante observar el giro que las
políticas públicas de atención y disminución de la violencia tuvieron en el
inicio del siglo XXI, sobretodo redirigiendo dichas políticas a un factor que
ha ido en crecimiento en su influencia y accionar como lo es el narcotráfico.
Por sí misma las llamadas drogas no son un
problema, las dificultades surgen cuando dichas sustancias son consideradas
ilegales por los gobiernos. El carácter de ilegalidad de una sustancia se lo
otorgan los países de a cuerdo al grado de peligrosidad que representa para la
salud de los ciudadanos que gobiernan. Primigeniamente el problema de las
drogas es un asunto de salud pues se consideran sustancias dañinas para la
integridad física y mental de los ciudadanos y su entorno, físico por los
cambios en el estado de conciencia que pueden efectuar en los consumidores,
alentándolos a realizar acciones que en la mayor parte de las situaciones están
referenciadas a la violencia con que esas personas pueden desenvolverse en el
ámbito social, desde el punto de vista estatal estas consecuencias son las que
se desean evitar. La consecuencia inmediata de la prohibición de sustancias es
que no contribuye a la abolición del consumo, a lo mucho lo inhibe pero no
logra desaparecerlo ni medianamente; como toda sociedad regida por la
regulación del mercado, donde hay una simple relación de oferta y demanda, crea
un mercado negro de sustancias ilícitas, dicha oferta y distribución se vuelve
un gran negocio para las personas encargadas de producir pero, sobre todo, de
distribuir dichas sustancias.
Aunado a la aparición de este mercado
negro, nace y se multiplica una estructura de producción-distribución que, para
mantenerse en tanto que organización ilegal, debe recurrir a la violencia para
su sobrevivencia y crecimiento. Desde el punto de vista estatal es justamente
esa violencia la que se tiene que erradicar pues se trata de una violencia que
atenta contra las instituciones mismas, corroe el aparato gubernamental y las estructuras de gobierno, haciéndolas
permeables a la corrupción que se anida en el propio sistema gubernamental,
esto produce impunidad en los aparatos de seguridad y transforma en deficiente
al sistema de administración de justicia; con el consecuente vacío de poder que
genera el hecho de tener una policía inoperante y un sistema de seguridad que
no garantiza el cumplimiento de las leyes, lo cual es un fundamento básico de
razón de ser el Estado: garantizar la seguridad de los ciudadanos y la
obligación de hacer cumplir las leyes a través de las facultades y recursos
ostentadas para ello.
En relación con las declaraciones que
realizan Aguilar y Castañeda en su texto es posible intentar ejercer un
seguimiento de los argumentos y su desarrollo, sobre todo por la ausencia de un
aparato crítico que permita fundamentar la tesis principal de su texto, en base
a la revisión de otros escritos sobre la temática, como la compilación de
ensayos reunidos en el Tomo XV de la colección “Grandes problemas de México”
editada por el Colegio de México en su 70 Aniversario, se pretende ahondar en
algunas de las cuestiones que se dejan de alguna manera abiertas o retomadas de
refilón en el texto de Aguilar y Castañeda. También se intenta hacer una
revisión de la tesis principal de la justificación de la acción gubernamental
contra el narcotráfico como una empresa realizada con la fuerza del Estado,
para buscar darle fundamento legítimo y razón de ser, a un presidente
cuestionado y que recién había tomado las riendas del gobierno, por lo tanto se
encontraba necesitado de aplicar acciones que lograran solidificar su
mandato.
LA GUERRA DEL
NARCOTRÁFICO EN MÉXICO
El 11 de diciembre del año 2006 el entonces
Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, aparece en cadena
nacional televisiva donde realiza el anuncio de que se decreta una guerra
contra el narcotráfico, el lugar de comienzo de dicha estrategia fue el estado
de Michoacán, este operativo fue justificado bajo la idea de mantener la
seguridad ciudadana pero además recuperar el control territorial, institucional
y político-social de ciertas regiones, como afirmó el entonces Secretario de
Defensa, Guillermo Galván, al señalar que el
objetivo era “proporcionar los niveles de seguridad que hagan viable la
vida ciudadana.”[1]
El gobierno mexicano no mostraba un plan
articulado respecto a esto, pues en los meses que transcurrieron desde la
elección presidencial hasta la toma de protesta de Felipe Calderón, no se
elaboró a conciencia un Plan de Desarrollo 2007-2012 en el cual la seguridad
interna sea un tema que se preste a reflexión ni un planteamiento estratégico
que permita esbozar una política de Estado efectiva:
En el rubro de Seguridad Nacional se
establecen tres prioridades: primera, la defensa de la soberanía y la integridad
territorial con el objetivo de garantizar la Seguridad Nacional y la integridad
física y el patrimonio personal basado en dos estrategias: el fortalecimiento
de las capacidades de las Fuerzas Armadas y del Sistema Nacional de Protección
Civil. Segunda, la salvaguarda de la seguridad fronteriza por medio de dos estrategias:
integración de unidades mixtas (policías federal, estatal y fronteriza con
apoyo de las fuerzas armadas) y creación de canales de información sobre las
fronteras. Tercera, fortalecer la cooperación internacional para la seguridad y
la defensa territorial basada en siete estrategias: anti delincuencia organizada,
anti narcotráfico, anti tráfico ilegal de armas y personas, antipandillas
internacionales, estandarización de la legislación nacional con tratados
internacionales para combatir el crimen profesional y fortalecimiento de
mecanismos de extradición.[2]
Muchas de estas llamadas estrategias
calderonistas para garantizar la seguridad pública fueron retomadas de
anteriores planes y obedecieron a factores más externos que internos a la hora
de priorizar los asuntos de combate a la delincuencia, véase por ejemplo la
priorización de una “policía fronteriza” y el fortalecimiento de la cooperación
internacional. Una de las cosas que se logra entrever claramente aquí, es la
idea de una mayor participación de las fuerzas armadas y su capacidad en tareas
de seguridad pública. “De hecho, una de las primeras medidas del nuevo gobierno
fue incrementar los sueldos y salarios para el personal de las fuerzas
armadas.”[3]
Así, la política de utilizar al ejército para combatir al narcotráfico no era
una novedad, ya desde mediados de los años noventa el gobierno mexicano
recurrió al ejército para sus operativos y labores de inteligencia en la captura
de los grandes capos, en un proceso gradual el ejército también fue asumiendo
labores de seguridad, esta asunción de preeminencia del uso del ejército fue
justificado por el gobierno mexicano como una medida temporal, aunque la
realidad es que el uso del ejército lejos de ser algo temporal se convirtió en
algo permanente, ganando cada vez más espacios en la lucha contra el
narcotráfico, pasando incluso por la decisión de Vicente Fox de nombrar al
General Rafael Macedo de la Concha como Procurador General de la República,
hasta el paroxismo de su involucramiento en la guerra de Calderón.
Después del operativo Michoacán, Castañeda y
Aguilar señalan una escalada de la violencia en el país sin precedentes, la
cual hizo volver al país a los niveles de violencia de 1990. Los autores
aseguran que al asumir la presidencia Calderón, el país experimentaba la menor
tasa de violencia de su historia pues en el año 2007 se contabilizaron 8 mil
867 homicidios, lo cual se traduce en una tasa de 8.5 homicidios por cada 100
mil habitantes; refieren que en 2011 hubo 27 mil 199 homicidios dolosos en el
país, lo cual arroja un promedio de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes.[4] En
general el dato coincide con el del estudio del investigador del COLMEX,
Fernando Escalante, quien a partir del Anuario Estadístico del INEGI logró
elaborar la gráfica correspondiente a la tasa de homicidios en México de 1977
al año 2007, en ella se refleja una tasa alta de homicidios en el país, el cual
se mantenía entre la franja de los 15 a los 20 homicidios por cada cien mil
habitantes. El estudio de Escalante muestra que efectivamente a partir del año
de 1997 hay una tendencia a la baja hasta llegar a un mínimo de 8.04 homicidios
en el año 2007. Una apreciación adicional al estudio de Escalante y que
especifica más adelante en su texto al realizar un análisis detallado es que,
no sólo la violencia había disminuido hasta ese año de 2007 sino que existía un
“desplazamiento de la violencia hacia el norte y noroeste del país, hacia
algunas de las ciudades más pobladas.”[5] Se
asegura que la estrategia de Calderón revirtió la tendencia de los últimos años
a disminuir la violencia, los narcotraficantes para proteger sus territorios se
vieron en la necesidad de reclutar gente que cubriera esas zonas que eran de la
influencia de los propios carteles; se asegura que los carteles no pagan
directamente a esos nuevos reclutados, sino que los dejan “cobrarse” por su
propia mano a través de robos armados, secuestros, ventas de “derechos de piso”
y del “espacio”. También se afirma que
al eliminar a las “cabezas” de los cárteles se tiene un proceso de
“fragmentación” de los mismos, con el recrudecimiento de la violencia que se
genera al buscar ocuparse nuevos espacios, además de la extensión de la
violencia a otras regiones del país donde no se daba.[6]
El problema del narcotráfico en México se ha
recrudecido en base a lo que mueve el mercado de las drogas, una actividad que
genera miles de millones de dólares al año en ganancias y diversifica esa
derrama económica en muchas poblaciones, países y sectores de la sociedad de
los mismos. Para darnos una idea, el informe de la Organización de las Naciones
Unidas de 2003, señala que el mercado mundial de drogas ilegales ascendía, en
ese año, a 13 mil millones de dólares en lo que respecta a producción, 94 000
millones en el aspecto de ventas al por mayor (grandes carteles) y 322 000
millones en ventas al por menor (narcomenudeo), de ese cálculo de ventas al por
menor se calcula que el 44% se concentra en América del Norte, es decir 142 000 mil millones de dólares.[7]
Esto nos da cuenta de que México se encuentra ante el mayor mercado del mundo
de drogas que son los Estados Unidos, y también nos hace entender que gran
parte de esas ganancias millonarias del narcomenudeo se quedan al interior del
país del norte y, sólo una pequeña parte de ese gran total, se queda en México.
Si agregamos que México no es un gran consumidor de droga, también podemos
entender el por qué los narcotraficantes priorizan el que la droga que mueven
llegue en su grandísima parte a los Estados Unidos, el cual es un mercado mucho
más diversificado, constante y con mayor poder adquisitivo.
Históricamente México es un lugar de
tránsito de droga hacia Estados Unidos, principalmente la cocaína, la cual sólo
se produce en Sudamérica y se coloca en el mercado norteamericano prácticamente
la mitad de la producción mundial de cada año. Pero también la cercanía del
mayor mercado mundial de drogas, ha hecho de México un productor de otro tipo
de estupefacientes como la marihuana, la heroína y las metanfetaminas. El
problema del narcotráfico nunca había ocupado un lugar importante en la agenda
gubernamental mexicana del siglo XX, esto a mediados de los años
ochenta´s. Según el estudio de Palacios
y Serrano, son tres aspectos los fundamentales en la historia de las drogas en
México:
primero, la centralización efectiva del
Estado mexicano permitió controlar la violencia en el negocio de las drogas
ilícitas durante unos cuarenta años (c. 1947-1985)…la centralización
autoritaria del Estado mexicano y el papel medular y peculiar del PRI (la pax priísta) permitieron controlar el
negocio de las drogas ilícitas mediante instituciones como la Dirección Federal
de Seguridad, DFS (1947-1985)…la corrupción-criminalidad pudo
centralizarse…Tercero, las transformaciones del Estado mexicano (del populismo
priísta a las reformas neoliberales de 1982 en adelante) coinciden con el
escalamiento de las políticas prohibicionistas de Washington.[8]
El estudio de Serrano y Palacios traza la
historia de las drogas en México y la manera en que el gobierno mexicano
lidiaba con el problema. Con toda la fuerza de un régimen de partido
hegemónica, los gobiernos priístas centralizaron el poder en todos sus
aspectos. El largo trayecto anárquico posterior a la Revolución mexicana, donde
no existía el establecimiento de un régimen de gobierno constante, es lo que
orilló a la centralización del poder para solventar la dispersión que existía
de las fuerzas militares y políticas en el país. De hecho, nunca fue una
centralización total, sino se trató del reclutamiento de liderazgos regionales
que se alinearon con el poder central. Las masas fueron aglutinadas en los
grandes sindicatos y corporaciones –CTM, CROM, CNC- que se volvieron subsidiarias del partido
Nacional Revolucionario (PNR). Esta alianza entre el ejecutivo y los poderes regionales
se dio en todos los sentidos y se dejó cierto espacio de acción a los
liderazgos regionales para que tuvieran su coto de poder, aunque a final de
cuentas debían cuadrarse a una política nacional que trazaba la línea a seguir.
Durante el siglo XX el narcotráfico
floreció en México apoyándose en el régimen de prohibición. Los que
describíamos como liderazgos regionales no eran más que caciques que ponían una
zona bajo su control y ejercían cierto poder que centralizaba las decisiones
políticas y aprovechaba las ventajas que ese ejercicio le facultaba para
beneficiarse económicamente de ello, como señalan Serrano y Palacios:
En la lenta pero sostenida expansión del
cultivo del opio y de la mariguana se irían tejiendo los vínculos cada vez más
estrechos entre un mercado ilegal en expansión y una clase política regional en
ascenso. Desde mediados de la década de los treinta, la organización de la
producción y del tráfico de estas drogas en México era ya objeto de
preocupación entre las autoridades del Tesoro estadounidense. Aunque estas
condiciones empujaron a Washington en 1935 a denunciar a México como el
“granero” del narcotráfico, la combinación de un lento proceso de
centralización política y de modernización económica sentarían las bases para
la gradual sujeción y control de los enclaves ilícitos regionales. La segunda
Guerra Mundial interrumpió este proceso. El conflicto bélico se convirtió, si
no en el motor, sí en la causa inmediata de la expansión del cultivo de amapola
en los estados del norte del país. En el curso de la guerra, las fuentes
tradicionales de abastecimiento en Europa y en Asia se fueron cerrando, al
tiempo que las bajas t el creciente número de heridos en el teatro de guerra
incidieron en la demanda legal de morfina. Por consiguiente, al disparar la
demanda de esta sustancia, el esfuerzo bélico hizo su contribución a la
expansión de la economía ilícita de las drogas en México. El cultivo y la
producción de amapola ganaron terreno y se extendieron de Sinaloa a Sonora, Durango
y Chihuahua. En el año de 1943 las
agencias estadounidenses estimaban que la producción de opio se había
triplicado en México, hasta alcanzar las seis toneladas.[9]
Desde esos años el combate del gobierno
mexicano al narcotráfico se supedió a la ayuda otorgada por los Estados Unidos
para este fin. A pesar de los esfuerzos, la producción mexicana comenzó a ser
más importante y empezaba a rivalizar con la de los países asiáticos
tradicionalmente productores. Tal
situación preocupó a los Estados Unidos que orilló a aquel gobierno a emprender
mayores acciones de cooperación con el gobierno mexicano para regular la
demanda.
Al término de la Segunda Guerra Mundial
hubo una serie de reacomodos y ajustes en la administración pública mexicana,
el famoso “desarrollo estabilizador” propugnaba una regulación extensa de la
actividad económica lo cual incluía la intervención directa del gobierno en la
economía nacional para mantener los niveles de bienestar y producción que se
habían incrementado en años anteriores.
Por supuesto que el traslado de drogas, en
cuanto actividad económica importante, no fue la excepción en esta época de
búsqueda de control y estabilización que pretendía la mano estatal. Como
señalábamos, la regulación se centralizó de manera amplia, dejando a un lado
los poderes estatales y asumiéndose una política nacional de Estado con
respecto a la producción y distribución de estupefacientes. El aparato policial
y de inteligencia creado por el gobierno
se encargo de gestionar la organización
eficiente y pacífica del mercado, a cambio de la aceptación de impuestos
extraídos de la actividad criminal y de la sujeción de las organizaciones
criminales a reglas debidamente acordadas. A lo largo de este período los
traficantes no operaron como elementos autónomos, sino que asumieron el control
de “franquicias” cumplidamente asignadas por las autoridades reguladoras.
Gracias a estas “licencias” de operación y a la protección provista por las
agencias oficiales, los empresarios criminales pudieron desarrollar enclaves de
producción y hacer uso de las vías de comunicación para despachar su mercancía
hacia el mercado estadounidense.[10]
Este desarrollo del mercado de drogas contuvo durante algunas décadas el
crecimiento del poder de los carteles, sobre todo su influencia regional y
sobre todo en las estructuras de gobierno, también el mercado nacional se
mantuvo estable en cuanto al consumo y respecto a las cantidades de droga
exportada al país vecino del norte. El entorno autoritario, el sometimiento a
los poderes centrales y el férreo control de la pax priísta, a pesar de todo dejaban huecos de acción para el
mercado ilícito, lo cual fue aprovechado por los narcotraficantes quienes
operaron sus negocios sin grandes contratiempos, pero siempre en los estrictos
límites y reglas que señalaba el poder central. Existían redes de corrupción
pero existían un cierto tipo de consideración y normas no escritas que
contenían de alguna manera la violencia y la focalizaban a un mínimo impacto:
Todo parece indicar que en ese período el
contrabando no era considerado como una actividad inherentemente criminal o
situada fuera del sistema, sino incrustada en el propio andamiaje
institucional. Había algo para todos: seguridad y certidumbre para los
empresarios criminales, réditos y una posición prominente para las fuerzas de
seguridad, pero también una importante dosis de protección política –aunque
crecientemente selectiva- para aquéllos dispuestos a incursionar en este
mercado.[11]
El modelo de contención y regulación del mercado de drogas fue efectivo
en México hasta la década de los años 70´s. Para esas alturas las regulaciones
del gobierno de Estados Unidos se hicieron más rigurosas y se exigieron mayores
controles para el tránsito de la droga. El gobierno del país vecino, preocupado
por el incremento del consumo de cocaína, decide atacar el problema de manera
regulatoria, y esto es que clausura la ruta de la cocaína que introducía dicha
sustancia a través de la península de la Florida; dicha operación de clausura
significó un amplio despliegue de fuerzas en el Caribe, la cual llevo el nombre
de Operación Hat Tricks. Dicha ruta
cerrada acarreaba el 60% de la cocaína que consumía Estados Unidos y el hecho
de que la ruta ya no estuviera disponible no significó que dicha cantidad de
cocaína no fuera a parar al mercado estadounidense, el reacomodo lógico de esas
rutas se centraron en México, pues la cocaína como veíamos las zonas de consumo
se encuentra en América del Sur, al cerrarse la entrada por el Caribe, la única
vía de entrada se “redujo” a la amplia franja fronteriza que comparten los
Estados Unidos con la nación mexicana y la cual ya contaba con una extensa y
diversificada infraestructura de transportes que hacía viable el
establecimiento de las nuevas rutas de la cocaína, droga que a su vez es más
cara que la amapola y la marihuana, cosa que la hace más redituable y por tanto
importante para los narcotraficantes en la búsqueda de realizar su trabajo de
trasiego.
Los cambios asociados a esta avalancha de
cocaína y al impulso de la nueva guerra contra las drogas modificaron de tajo
no sólo el tamaño y la dimensión del mercado, sino también su estructura y
organización. En las nuevas condiciones el Estado sencillamente no pudo imponer
su autoridad y el sistema regulador se desplomó ante el cada vez más violento
poderío de los cárteles.[12]
El acrecentamiento de los cárteles de la
droga y su ampliación de capacidad económica y de recursos puso en entredicho
la tradicional forma de control que ejercía el gobierno sobre la actividad;
también por naturaleza del mismo mercado, al ensancharse las rutas de trasiego
en la cantidad de cocaína y de dinero que genera, aumentó la competencia, la
fragmentación y la desorganización al interior de las organizaciones criminales
y se desató una feroz disputa por las posiciones fronterizas ante el mercado
más grande de estupefacientes que son los Estados Unidos. Los cárteles
aceleraron su internacionalización por la necesidad de tener contactos en ambos
lados de la frontera y los cuales garantizaran la llegada de la droga a su
destino, “la transición del mercado de producción y exportación de mariguana y
heroína a una economía de servicios de tránsito hizo de la regulación una tarea
imposible[13]”.
Estos cambios profundos tuvieron una consecuencia por parte del gobierno
mexicano, en su manera de abordar la temática del narcotráfico y esto se plasmó
en una serie de reformas institucionales que crearon institutos y departamentos
policiales, de investigación y de inteligencia que atendían la problemática; el
asunto de fondo era dar cara a la nueva realidad de la violencia ejercida por
el narcotráfico, su ensanchamiento en cuanto a capacidad económica y de
influencia en ciertas áreas del país y por supuesto se intentaba mejorar la
capacidad de respuesta del Estado ante el crimen organizado. El marco legal se
amplió, concediendo facultades a la policía y al ejército en el combate a las
drogas. En el plano internacional se dio preponderancia a la cooperación, sobre
todo se apertura uno estrecha relación de colaboración con los Estados Unidos
en dicha temática, con lo cual llegó la colaboración en términos de
extraditación de capos mexicanos al país del norte, la intervención de buques,
aeronaves y personal estadounidense en labores de combate al narcotráfico en
territorio nacional y, sobretodo, mejorar las relaciones diplomáticas que
solían tensarse recurrentemente con el país vecino por la situación del
narcotráfico en México.
El gobierno de Vicente Fox fomentó y aumentó la idea de la
realización de operativos militares para
el combate del narcotráfico, también durante su gobierno el aparato gubernamental
se sacudió de viejas tendencias y redes, dando así a otro recrudecimiento de la
violencia por el intento de posicionarse lo mejor posible en las nuevas
estructuras y redes de cooperación y corrupción entre el narcotráfico y las
estructuras y dependencias de gobierno inmiscuidas en la lucha contra el
narcotráfico.
El gobierno de Calderón comenzó con una herencia complicada en cuestión
de narcotráfico. Por un lado las organizaciones criminales habían recrudecido
la violencia y, a la par de la fragmentación y las detenciones, se habían
ensanchado los cárteles del Pacífico y del Golfo con la consecuente absorción
de bandas delictivas en su eje de influencia, además de la extensión de las
mismas organizaciones a nuevos territorios en busca de controlar la mayor
cantidad de rutas posibles del transporte de droga hacia el norte. El gobierno
calderonista también lidió con el enfado y disgusto de la nación estadounidense
ante la incapacidad del gobierno mexicano de controlar la violencia y la
ampliación de los canales de distribución de drogas hacia el norte. Si bien el
gobierno foxista se implicó en la lucha contra el narcotráfico también trató de
impulsar una agenda bilateral donde se atendieran otro tipo de problemáticas
binacionales que eran de sumo interés, como por ejemplo el asunto de la
migración. Sólo basta recordar la famosa frase foxista de “la enchilada
completa” cuando se refería a la búsqueda de una reforma migratoria integral.[14]
En marzo del año 2007 el presidente Felipe Calderón y el estadounidense,
Geogre Bush, sostuvieron un encuentro binacional en la ciudad de Mérida,
Yucatán. En dicho encuentro se formalizó el plan de apoyo logístico y
financiero de seguridad llamado “Iniciativa Mérida” el cual era un esquema de
cooperación que permitía y complementar los esfuerzos internos contra la
delincuencia organizada trasnacional. Los tres ejes fundamentales eran:
1)
Reforzar los esfuerzos internos de
procuración de justicia de México.
2)
Reforzar los esfuerzos internos de
procuración de justicia en Estados Unidos; y
3)
Ampliar la cooperación bilateral y
regional dirigida a la amenaza que representa la delincuencia trasnacional
organizada.[15]
CONCLUSIÓN
Si bien el gobierno calderonista llega con
un fuerte problema de legitimidad del mismo, esto es por la enorme presión
social y el posterior encono que trascendió en la contiende electoral por la
presidencia de la república de julio de 2006. Se logra vislumbrar que allende
las razones políticas y de búsqueda de legitimación de su gobierno también se
tenía una situación nacional de corrupción y de violencia desatada por los
cárteles de la droga; factor importante era la política contra las drogas era
la incapacidad mostrada por los gobiernos mexicanos desde finales de los
ochenta para implementar los mecanismos adecuados para contener y acotar la
violencia, corrupción, influencia e incremento del poder de los cárteles de las
drogas.
La desesperación y paranoia estadounidense,
desatada tras los atentados del 11 de septiembre, se transformaron en enojo y
frustración ante la actitud e incapacidad del gobierno foxista ante el
narcotráfico. La sola posibilidad de que los grandes cárteles mexicanos, ya
vinculados internacionalmente con cárteles colombianos y, en menor medida
europeos, de que pudieran vincularse y cooperar con organizaciones terroristas
internacionales, ejercía una gran presión en la opinión pública estadounidense
que exigía una solución radical ante la amenaza terrorista.
Este escenario también fue de gran influencia
para que el gobierno calderonista impulsara una guerra contra el narcotráfico.
La Iniciativa Mérida es la muestra de que los Estados Unidos estaban dispuestos
a cooperar de manera amplia y efectiva para que México contara con los recursos
necesarios para atajar el problema del narcotráfico desde su territorio, el
escenario para aquel país era de emergencia. Es de esperarse que el gobierno
mexicano, siempre supeditado a los intereses del poderoso vecino del norte, no tuviera
otra salida que aceptar los términos de la Iniciativa y echar andar todo lo
necesario para emprender esa Guerra contra el Narcotráfico que costó más de 100
000 víctimas durante el sexenio calderonista de 2006 a 2012.
[1] Chabat Jorge, “La respuesta del gobierno de
Calderón al desafío del narcotráfico” en Serrano Mónica y Alvarado Arturo, Seguridad Nacional y Seguridad Interior (Los grandes problemas de
México, Tomo XV), El Colegio de México, México, 2010, p. 30.
[2]
Piñeyro José Luis, “Las fuerzas armadas mexicanas en la seguridad pública y la
seguridad nacional, en Serrano Mónica..Op. Cit., p. 185.
[3] Palacios Marco y Serrano Mónica, “Colombia y
México: las violencias del narcotráfico”, en Serrano Mónica y Alvarado Arturo, Seguridad Nacional y Seguridad Interior (Los grandes problemas de
México, Tomo XV), El Colegio de México, México, 2010. P. 146.
[4] Aguilar V.
Rubén y Castañeda G. Jorge, Los saldos
del narco: el fracaso de una guerra, Ediciones Santillana, México, 2012,
pág. 15.
[5]
Escalante Gonzalbo Fernando, “Panorama del homicidio en México. Esquema de
análisis territorial 1900-2007” en Serrano
Mónica y Alvarado Arturo, Seguridad...Op.
Cit.,. Pág. 146.
[6] Aguilar V. Rubén y Castañeda G.
Jorge, Los saldos del narco…Op. Cit.,
pág. 17.
[7]
Enciso Froylán, “Los fracasos del chantaje. Régimen de prohibición de drogas y
narcotráfico”, en Serrano
Mónica y Alvarado Arturo, Seguridad...Op.
Cit.,. Pág. 91.
[8]
Palacios Marco y Serrano Mónica, “Colombia y México: las violencias del
narcotráfico”, en Serrano
Mónica y Alvarado Arturo, Seguridad
Nacional y Seguridad Interior…Op.Cit., Págs. 106-107.
[9]
Palacios Marco y Serrano Mónica, Op.Cit., Pág. 115.
[10]
Palacios Marco y Serrano Mónica, Op.Cit., Pág. 117.
[11] Ibid., Pág. 118.
[12]
Palacios Marco y Serrano Mónica, Op.Cit., Pág. 126.
[13]
Palacios Marco y Serrano Mónica, Op.Cit., Pág. 134.
[14] Sobre el acuerdo migratorio, “no habrá
enchilada completa”: Castañeda.
En http://www.proceso.com.mx/?p=239244.
Consultado el 03 de Abril de 2015.
[15] Preciado Coronado Jaime y Gallardo Gómez Rigoberto
(coordinadores), Dilemas
Latinoamericanos: otro desarrollo desde el Sur global, fronterAbierta-
Koeyu-, México, 2012.
